JM.ALCAIDE-Abogado. Doctor en Derecho. Sabadell(Barcelona) Penal y Familia.
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Tribunal Supremo-España-
Tribunal Supremo-EE.UU-

 

 

 

 ARTÍCULOS DOCTRINALES

 

 

 

 

 Los artículos doctrinales que irán observando, han sido escritos por el autor de esta web JM. ALCAIDE-ABOGADO, y algunos  han sido publicados en diversos medios de difusión jurídica.

 

   The doctrinal articles will observe, have been written by the author of this web JM. ALCAIDE ATTORNEY , and some have been published in various legal media


REGISTRO DE AUTOMÓVILES: JURISPRUDENCIA DE TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA Y EL TRIBUNAL SUPREMO FEDERAL DE EE. UU. (IV ENMIENDA.1791)

Jose Manuel Alcaide Gonzalez

Abogado y Doctor en Derecho

 

No todas son semejanzas de la regla procesal comparada “EXCLUSIONARY RULE”, en las resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos y el Tribunal Supremo de España. Veamos unos aspectos comparados actuales entre el Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal de fecha 01/03/2018(Auto 431/2018) y la Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos [14 de mayo de 2018]
TERRENCE BYRD v. ESTADOS UNIDOS Ambas resoluciones tratan el tema de los registros de automóviles.

A los fines del presente cabe decir que la doctrina del Tribunal Supremo al respecto en este tema ya procede de hace unos años, y opino existe una jurisprudencia consolidada muy clara y al parecer sin fisuras prácticas. El Auto que refiero en su la fundamentación jurídica (FD.1º C) dice  “Respecto del registro del vehículo en la vía pública sin presencia del acusado, el Tribunal consideró que fue legítimo, en tanto se estaban llevando a cabo, en relación con el acusado, diligencias de identificación, porque al ser abordado por los agentes, no dio explicación del motivo por el que estaba en posesión de dos juegos de llaves de vehículos, ni del lugar de estacionamiento de los mismos, llegando a manifestar que el coche de su propiedad (o de su pareja) lo tenía en su domicilio.”

 

En cuanto a la intimidad personal en conexión con la inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 CE, ya existe una amplia doctrina consolidada por parte del Tribunal Supremo de España [1] , en el sentido de afirmar que “Un vehículo automóvil que se utiliza exclusivamente como medio de transporte no encierra un espacio en cuyo interior se ejerza o desenvuelva la esfera o ámbito privado de un individuo. Su registro por agentes de la autoridad en el desarrollo de una investigación de conductas presuntamente delictivas, para descubrir y, en su caso, recoger los efectos o instrumentos de un delito, no precisa de resolución judicial, como sucede con el domicilio, la correspondencia o las comunicaciones. No resulta afectado ningún derecho constitucionalmente proclamado. Así se ha pronunciado la jurisprudencia de esta Sala sobre el registro de vehículos automóviles como se expresan, entre otras, las SSTS 856/2007, de 25 de octubre , y 143/2013, de 28 de febrero” .

 

En el caso decretado se dan los requisitos jurisprudencialmente considerados necesarios para legitimar el registro del vehículo. Existe un marco de investigación policial, se intercepta a una persona cuya identificación se estaba realizando, que se encontraba en posesión de las llaves de dos vehículos, que entrega voluntariamente, sobre lo que no aporta una explicación razonable, que estaba en actitud nerviosa junto con una persona que conducía un vehículo identificado como vehículo lanzadera, al tener una caleta instalada[2], lo que legitima investigar sobre el vehículo que finalmente es encontrado cerca del lugar donde estaba el otro vehículo y finalmente el hallazgo de la cocaína en el interior del vehículo del acusado.

Así también la Sentencia TS. 387/2013, de 24 de abril de 2013, declara que “Un vehículo automóvil que se utilice exclusivamente como medio de transporte no encierra, sin embargo, un espacio en cuyo interior se ejerza o desenvuelva ese ámbito privado del individuo al que venimos haciendo alusión ( SSTS núm. 143/2013, de 28 de febrero, ó 856/2007, de 25 de octubre, entre otras muchas). En consecuencia, su registro por agentes de la autoridad en el desarrollo de la investigación de conductas presuntamente delictivas para descubrir y, en su caso, recoger los efectos y/o instrumentos de un delito no precisa de resolución judicial, pues no resulta afectado en aquel caso ningún derecho constitucional, como sucede en cambio con el domicilio, la correspondencia o las comunicaciones ( SSTS núm. 861/2011, de 30 de junio; 571/2011, de 7 de junio, ó 619/2007, de 29 de junio, entre otras muchas). En este mismo sentido, hemos dicho en muchas ocasiones que las normas contenidas en el Título VIII del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que lleva por rúbrica "De la entrada y registro en lugar cerrado, del de libros y papeles y de la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica", tienen como ámbito propio de actuación el derivado de la intimidad y demás derechos constitucionalmente reconocidos en el art. 18 C.E.. Por ello, sus exigencias no son extensibles a objetos distintos, como puede ser algo tan impersonal (en cuanto mero instrumento) como un automóvil o un vehículo a motor, que puede ser objeto de investigación policial sin que se vea por ello afectada la esfera íntima de la persona”.

 

En cuanto a la jurisprudencia norteamericana, que comparamos, es la Sentencia del Tribunal Supremo de EE. UU. Terrence Byrd, v. Estados Unidos [mayo 14, 2018] y que igualmente hace referencia al registro de automóviles. Ahora bien, considero debemos exponer con carácter previo algunos conceptos y expresiones, en orden a un debido entendimiento para elector ajeno al derecho jurisprudencial norteamericano:

 Causa probable. En el derecho penal de los Estados Unidos, causa probable se refiere a un estándar por el cual la policía puede realizar un arresto, realizar una pesquisa a la persona o a la propiedad de la persona u obtener una orden judicial para ello. Es también utilizada para referirse al estándar por el cual un gran jurado puede creer que se ha cometido un crimen. Este término proviene de la Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

«Expectativa razonable de privacidad», según la cual sólo existe una zona de privacidad garantizada por la Cuarta Enmienda [3]si la persona ha actuado conforme a una real expectativa de privacidad y si tal expectativa la sociedad está preparada para reconocerla como «razonable»[4]

 

Algunos hechos del caso. En septiembre de 2014, en Pennsylvania un agente de policía de la patrulla estatal detuvo un automóvil conducido por  Terrence Byrd. Byrd era la única persona en el vehículo. En el transcurso de la parada de tráfico, los policías se enteraron de que el automóvil se había alquilado y que Byrd no figuraba en el contrato de alquiler como conductor autorizado. Por esta razón, los policías le dijeron a Byrd que no necesitaban su consentimiento para registrar el automóvil, incluido el equipaje donde había almacenado sus efectos personales. Un registro en el maletero descubrió un chaleco antibalas y 49 paquetes de heroína.


       La evidencia se entregó a las autoridades federales, que acusaron a Byrd de distribución y posesión de heroína con la intención de distribuir en violación de 21 USC §841 y posesión de un chaleco antibalas, prohibido por parte de una persona en violación de 18 USC §931 . Byrd trató de suprimir la evidencia como el fruto de una búsqueda ilegal. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Pensilvania negó la moción, y el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito afirmó. Ambos Tribunales concluyeron que, dado que Byrd no figuraba en el contrato de alquiler, carecía de una expectativa razonable de privacidad en el automóvil. En base a esta conclusión, tanto el Tribunal de Distrito como el Tribunal de Apelaciones consideraron innecesario valorar si los policías tenían motivos probables para registrar el automóvil.

El Tribunal Supremo otorgó la petición de Byrd por medio de  un auto de certiorari[5] , para abordar el conflicto entre los Tribunales de Apelaciones sobre si un conductor no autorizado tiene una expectativa razonable de privacidad en un automóvil alquilado.

En una opinión unánime redactada por el juez Anthony Kennedy, el Tribunal sostuvo que un conductor de un automóvil alquilado que tiene el permiso del arrendatario para conducirlo, pero no figura como conductor autorizado en el contrato de alquiler tiene una expectativa razonable de privacidad contra los registros del vehículo del gobierno. Aunque dicho conductor no tiene un interés en la propiedad del automóvil, los principios de propiedad informan el razonamiento detrás de esta conclusión. Un conductor que tiene el permiso del poseedor legal o el propietario del automóvil tiene un "dominio y control" completo sobre la propiedad y puede excluir legítimamente a otros de ella. 

El Tribunal americano hace referencia a otro precedente, pero en relación con un apartamento, de su jurisprudencia de 1960 para reforzar su decisión y criterio unánime, cuando dice “La Corte analizó la situación en Jones v. United States, 362 US 257 (1960), donde el Tribunal encontró que el demandado tenía una expectativa razonable de privacidad en el departamento en el que se hospedaba temporalmente con el permiso del propietario, a pesar de que el apartamento no era legalmente suyo. Esencial para la celebración de la Corte fue la conclusión de que el conductor en este caso estaba en posesión legal; de hecho, el conductor de un vehículo robado carece de una expectativa razonable de privacidad en un automóvil que puede conducir”.

El Tribunal concluye que es necesaria una devolución para abordar en primera instancia el argumento del Gobierno de que esta regla general es inaplicable porque, dadas las circunstancias aquí, Byrd no tenía mayor expectativa de privacidad que un ladrón de vehículos. Si eso es así, nuestros casos dejan claro que carecería de una expectativa legítima de privacidad. Es necesario reenviar también para determinar si, incluso si Byrd tenía derecho a oponerse a la búsqueda, la causa probable lo justificaba, en cualquier caso.


     Recuerda el Tribunal norteamericano que la Cuarta Enmienda garantiza el derecho de las personas a estar protegidos de registros irrazonables de "sus personas, casas, documentos y efectos". Con este lenguaje, la Cuarta Enmienda da "a cada persona". . . el derecho a estar seguro contra registros y confiscaciones irrazonables en su propia persona, casa, documentos y efectos ".

Como jurista, puede que  investigador a tiempo parcial, en realidad me sigue llamando la atención, admiración y atrae mi curiosidad jurídica,  la “elaboración de derecho judicial” por el Tribunal Supremo de Justicia de EEUU., aparte de ser propio del Tribunal interpretar la Constitución, sobre todo cómo la Cuarta enmienda- y otras-   a la Constitución de los Estados Unidos incluida en la Bill of Rights de 1791, lleve más de dos siglos vigente dando juego e interpretación a los Tribunales, sin un ápice de modificación de su ancestral original y que gracias a  su dinámica flexible y actualidad permanente llega a ser aplicada en este caso en 2018 por el  “Supreme Federal Court of the USA”.

Creo que existen muchas más conclusiones y opiniones jurídicas, pero en este tema, entiendo que deben ser los hipotéticos lectores quienes agudicen su ingenio investigador y continúen dando su criterio.

28 de septiembre de 2018  

 

 

 

 

 

[1]Veremos más abajo cómo en EEUU., se habla de expectativa razonable de privacidad.

[2] Caleta en Colombia• Venezuela. Lugar donde se guarda o esconde algo.

[3] La IV Enmienda  a la Constitución de los Estados Unidos es una de las provisiones incluida en la Bill of Rights(1791). La Enmienda se trata sobre la protección a pesquisas y aprehensiones arbitrarias. Fue establecida como respuesta a la controvertida writ of assistance (una especie de orden general de registro), la cual jugó un papel importante tras la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos

El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas.

[4] Katz v. United States :: 389 U.S. 347 (1967)  El Juez Harlan acuñó  en su voto concurrente la noción.

[5] El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un tribunal inferior.  El recurso tiene su origen en el common law británico. Desde sus inicios, la Corte del Rey (King´s Bench) limitó el recurso a asuntos de gravedad y gran importancia. E.C. Surrency, History of The Federal Courts, 1ra ed., U.S., Oceana Publications, Inc., 1987, pág. 246.

De Inglaterra se incorporó a las colonias americanas donde siguió un curso similar a la figura británica. Era también el remedio extraordinario y discrecional por el cual se traía a la atención del tribunal apelativo para determinar, de la faz del expediente, si el tribunal de instancia se había excedido en el ejercicio de su jurisdicción o no había actuado conforme a los procedimientos de la ley.

 

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 ORIGEN Y REGRESIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA PRUEBA ILÍCITA PENAL EN ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS. Notas comparadas.

 

Considero que al tratar la prueba ilícita penal o exclusionary rule(EEUU) como punto de partida y antecedentes hay que hacer referencia a la Constitución Federal de EE.UU. (1789, 1791),a su estructura y antigüedad, por lo que cuando hablamos de los derechos fundamentales y libertades, cabe recordar para situarnos en la cultura jurídica anglosajona que los derechos fundamentales y las libertades públicas se hallan esencialmente en las Enmiendas Cuarta, Quinta, Sexta contenidas en la Bill of Rights y ésta adjunta a la Constitución de los Estados Unidas de América (United States Constitución). Las diez primeras enmiendas (Bill of Wrights) fueron ratificadas efectivamente el 15 de diciembre de 1791, además es trascendente reseñar la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos ya que incluye, entre otras, la cláusula del debido proceso y la cláusula de protección igualitaria. Fue ratificada el 9 de julio de 1868.

En España, ya sabemos que la Constitución de 1978 no posee ni mucho menos la tradición, desarrollo jurisprudencial ni evolución histórica que en EEUU. Por ello se evalúa que a causa de esta diferencia notable de tiempo, el desarrollo jurisprudencial de ambas culturas jurídicas, y las peculiaridades de cada uno de los textos constitucionales convergen en considerables y abismales diferencias. Si el estudioso de la institución procesal pretende formar un criterio comparativo de la prueba ilícita o exclusionary rule se topará inicialmente tanto con razones histórico-políticas como de madurez constitucional que marcarán la creación y evolución de la jurisprudencia de ambos países.

Al respecto de la prueba ilícita penal o regla de exclusión, en EEUU. se produce el primer pronunciamiento en el año 1886, mientras que en España habrían de pasar casi cien años ya que hay que situarse en nuestro Tribunal Constitucional en 1984 para observar por primera vez la mención jurisprudencial de inadmisión de fuentes o pruebas en el proceso penal que vulneren derechos
fundamentales. Dado que Norteamérica acumula un bagaje de doscientos años de evolución constitucional es natural que se hayan ocasionado innumerables pronunciamientos de sus Tribunales, en especial del Federal Supreme Court. Pero hay que expresar que si se analiza con realismo ha creado-saturado- tal entramado de reglas y normas de derecho judicial que producen desconcierto en todos sus operadores jurídicos. Se llega a un momento y grados de interpretación que no se sabe muy bien su significado, presentando a veces contradicciones de tanta evolución jurisprudencial.

 

      El momento de nacimiento de la regla de la exclusión (exclusionary rule) en EEUU. en términos absolutos, prohibiéndose la utilización de cualquier prueba que hubiese sido obtenida de forma ilícita, lo encontramos en el caso Boyd v. US (1886) mientras que en la sentencia Weeks v. US (1914) es cuando se prohíbe la
admisión de pruebas obtenidas en un registro ilícito -Cuarta Enmienda- por atentar ese acto en sí mismo contra los derechos constitucionales del acusado.

 

De forma paralela a la exclusionary rule fue conformándose como extensión de ésta, la denominada doctrina norteamericana de los frutos del árbol envenenado, que surge por primera vez en el caso Silversthorne Lumber Co. v United States (1920), pero no se acuña esta expresión hasta la sentencia Nardone v. United States (1939); el segundo supuesto trata de intervenciones telefónicas ilegales. Se negó el uso derivado o efecto reflejo de las informaciones halladas mediante esa intervención ilegal, pero se aventuró que todo hubiera sido distinto si se hubiera podido justificar que esos datos obtenidos derivaban de una fuente independiente.

 

Dada su estructura federal, otro problema específico de los Estados Unidos, fue el abordado en el caso de Rochin v. California (342 U.S. 165 (1952), U.S. Supreme. Tres años antes en el caso de Wolf v. Colorado338 U.S. 25 (1949), la Corte Suprema había permitido que se usara en un juicio estatal pruebas obtenidas ilícitamente por agentes federales, las cuales no podían ser presentadas por las autoridades federales en un juicio federal. A partir del precedente Rochin v. California-1952- fue de aplicación generalizada la exclusionary rule –prohibición- a todos los Estados, tomando como base la decimocuarta Enmienda sobre el «due process clause» y fue confirmada esta nueva regla en el caso Mapp vs Ohio (1961), por tratarse de un derecho fundamental en la Constitución americana.

 

En los años sesenta predominan los criterios conservadores y económicos durante la era Nixon, capaz de anteponer sus proyectos a cualquier consideración ética. Es el momento en el que comienzan a surgir numerosas excepciones que van a flexibilizar la rigidez con que inicialmente había sido formulada la regla de la exclusión. Es la época del balancing test, donde se pondera tanto el interés del ciudadano en el respeto de sus derechos fundamentales, como el de la sociedad en un intento de acabar con un extenso elenco de delitos graves, lo que conlleva no poder admitir estrictamente la regla de la exclusión.

 

Se produce el quebranto y deterioro de la regla de la exclusión en el caso United States v. León de 1984, cuyo primer exponente es ésta sentencia.

 

              Su aplicación únicamente debía producirse en aquellos casos en que los   beneficios derivados de ello, fuesen claramente superiores a sus costes sociales. Fue el momento en el que se enunció la good-faith exception de los agentes policiales como límite a la regla de exclusión........

 

 

ORIGEN Y REGRESIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA PRUEBA ILÍCITA PENAL EN ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS. NOTAS COMPARADAS.


Segunda parte.

 

La primera parte del artículo la finalizábamos indicando que en los años sesenta en EEUU la regla de exclusión había dado un giro sustancial, continuando con el transcurso de los años su devenir retrógrado desde la perspectiva de los derechos fundamentales (en aquel país las Enmiendas de su Constitución, sobre todo la IV y V) . En esta línea exponíamos, que en los años ochenta surgió en la jurisprudencia norteamericana una excepción a la regla de exclusión denominada good-faith exception de los agentes policiales. El caso United States v. León de 1984 significa el primer exponente de esta nueva limitación de la regla de exclusión, que se irá viendo abocada a una paulatina atenuación de garantías de su doctrinal inicial.


El Tribunal afirmó en dicho asunto que sí hay una excepción. Los jueces sustentaron que la evidencia-prueba o fuente de prueba - encontrada a raíz de una orden de registro emitida por error se podría introducir en el juicio. La regla de exclusión, según la mayoría, no es un derecho, sino un remedio justificado por su capacidad para disuadir la conducta ilegal de la policía. En el caso León de 1984, los costos de la regla de exclusión sobrepasaban los beneficios. Conforme al parecer del Tribunal “la regla de exclusión es muy costosa para la sociedad: los acusados ​​culpables quedan impunes y la gente pierde el respeto de la ley”, añadiendo los Magistrados que los beneficios de la regla de exclusión no son seguros. La norma no puede disuadir a la policía en un caso como León, donde actúan de buena fe en una orden emitida por un juez.


En el asunto Massachusetts v Sheppard (1984), la negligencia policial y judicial llevaron a que se utilizara un formulario ya usado para habilitar la entrada y registro, cuyo objeto de búsqueda era distinto. Esta «irregularidad procesal» llevó a que, con posterioridad, se reputara ilícita la entrada pero que la buena fe de la policía llevara a dar como buenas las pruebas obtenidas en ese registro.


En el caso Hudson v. Michigan (2006) Booker T. Hudson fue condenado en el Tribunal estatal por posesión de drogas y de armas de fuego después de que la policía le encontrase cocaína y una pistola en su casa. Aunque tenía una orden de registro la policía no cumplió la regla -knock and announce rule- derivada de la cuarta enmienda. Esta regla exige a los policías que deben esperar 20-30 segundos después de llamar a la puerta y dar a conocer su presencia antes de que entren en el hogar. El juez de primera instancia penal decidió que las pruebas halladas en la casa no podrían ser utilizadas. El Tribunal de Apelaciones de Michigan lo revocó, fundamentando su decisión en dos casos del Tribunal Supremo del Estado de Michigan: habían apreciado una excepción a la supresión de las pruebas que en otro caso y cuestión  habrían sido conseguidas inevitablemente.

 

El caso Virginia v. Moore (2008). Se inició el 20 de febrero de 2003, cuando dos detectives en Portsmouth, Virginia, recibieron un aviso de radio alertándoles que un particular conducía un coche con el permiso de conducir suspendido. Los agentes detuvieron David Lee Moore, creyendo que estaba quebrantando la ley estatal de conducir con un permiso suspendido. En este Estado es un delito menor y se procedió al arresto de Moore, si bien en un registro posterior mientras estaba en custodia, encontraron 16 gramos de cocaína y 516 dólares en efectivo en el bolsillo del pantalón.  Fue acusado de posesión de cocaína con intención de traficar. Moore trató ante un Tribunal de Primera Instancia de que no fuesen admitidas las pruebas sobre drogas, alegando que el registro había violado sus derechos de la Cuarta Enmienda.  

         Su petición de supresión de pruebas fue denegada. Posteriormente en un juicio sin jurado Moore fue declarado culpable de tráfico de cocaína y lo condenó a una pena de prisión de 5 años. La Corte Suprema del Estado entendió que la policía lo detuvo irregularmente, en lugar de hacerle entrega de una citación y dejarlo en libertad, por lo que la detención no era válida bajo la ley estatal, el registro que siguió a la detención fue inválido, y las pruebas obtenidas en el registro o cacheo tuvieron que ser suprimidas.

            El Estado de Virginia mediante recurso de certiorari (El Certiorari es un medio de impugnación que puede interponerse contra las resoluciones estatales y se revisan ante el Tribunal de Apelaciones- existen varios circuitos en EEUU y tienen ámbito federal-. Las Sentencias finales del Tribunal de Apelaciones se recurren al Tribunal Supremo, utilizando también un recurso de Certiorari) recurrió ante el Tribunal Supremo Federal de los EEUU. Éste efectuó un análisis sobre la Cuarta Enmienda, razonó y declaró que si un agente de policía viola la Cuarta Enmienda al hacer una detención basada en una causa probable, convencido de  que una persona ha cometido un delito en su presencia, pero prohibida por la ley estatal, la expresada Enmienda les permite realizar un arresto, y el registro del vehículo, así como el cacheo del sospechoso con el fin de preservar las pruebas y garantizar su propia seguridad, al tratarse de una cuestión de derecho constitucional federal. El Tribunal formuló que se reafirmaban contra un nuevo desafío sobre lo que había señalado hacía más de medio siglo, La sentencia de la Corte Suprema de Virginia se revoca por el Tribunal Supremo Federal.

 

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