JM.ALCAIDE-Abogado. Doctor en Derecho. Sabadell(Barcelona) Penal y Familia.
            JM.ALCAIDE-Abogado. Doctor en Derecho.                                                                   Sabadell(Barcelona)                                              Penal  y Familia.
Tribunal Supremo-España-
Tribunal Supremo-EE.UU-

 

 

 

 ARTÍCULOS DOCTRINALES

 

 

 

 

 Los artículos doctrinales que irán observando, han sido escritos por el autor de esta web JM. ALCAIDE-ABOGADO, y algunos  han sido publicados en diversos medios de difusión jurídica.


   The doctrinal articles will observe, have been written by the author of this web JM. ALCAIDE ATTORNEY , and some have been published in various legal media



A continuación publicamos la Primera parte, que se ha  titulado: ORIGEN Y REGRESIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA PRUEBA ILÍCITA PENAL EN ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS. Notas comparadas.

 

Considero que al tratar la prueba ilícita penal o exclusionary rule(EEUU) como punto de partida y antecedentes hay que hacer referencia a la Constitución Federal de EE.UU. (1789, 1791),a su estructura y antigüedad, por lo que cuando hablamos de los derechos fundamentales y libertades, cabe recordar para situarnos en la cultura jurídica anglosajona que los derechos fundamentales y las libertades públicas se hallan esencialmente en las Enmiendas Cuarta, Quinta, Sexta contenidas en la Bill of Rights y ésta adjunta a la Constitución de los Estados Unidas de América (United States Constitución). Las diez primeras enmiendas (Bill of Wrights) fueron ratificadas efectivamente el 15 de diciembre de 1791, además es trascendente reseñar la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos ya que incluye, entre otras, la cláusula del debido proceso y la cláusula de protección igualitaria. Fue ratificada el 9 de julio de 1868.

En España, ya sabemos que la Constitución de 1978 no posee ni mucho menos la tradición, desarrollo jurisprudencial ni evolución histórica que en EEUU. Por ello se evalúa que a causa de esta diferencia notable de tiempo, el desarrollo jurisprudencial de ambas culturas jurídicas, y las peculiaridades de cada uno de los textos constitucionales convergen en considerables y abismales diferencias. Si el estudioso de la institución procesal pretende formar un criterio comparativo de la prueba ilícita o exclusionary rule se topará inicialmente tanto con razones histórico-políticas como de madurez constitucional que marcarán la creación y evolución de la jurisprudencia de ambos países.

Al respecto de la prueba ilícita penal o regla de exclusión, en EEUU. se produce el primer pronunciamiento en el año 1886, mientras que en España habrían de pasar casi cien años ya que hay que situarse en nuestro Tribunal Constitucional en 1984 para observar por primera vez la mención jurisprudencial de inadmisión de fuentes o pruebas en el proceso penal que vulneren derechos
fundamentales. Dado que Norteamérica acumula un bagaje de doscientos años de evolución constitucional es natural que se hayan ocasionado innumerables pronunciamientos de sus Tribunales, en especial del Federal Supreme Court. Pero hay que expresar que si se analiza con realismo ha creado-saturado- tal entramado de reglas y normas de derecho judicial que producen desconcierto en todos sus operadores jurídicos. Se llega a un momento y grados de interpretación que no se sabe muy bien su significado, presentando a veces contradicciones de tanta evolución jurisprudencial.

 

      El momento de nacimiento de la regla de la exclusión (exclusionary rule) en EEUU. en términos absolutos, prohibiéndose la utilización de cualquier prueba que hubiese sido obtenida de forma ilícita, lo encontramos en el caso Boyd v. US (1886) mientras que en la sentencia Weeks v. US (1914) es cuando se prohíbe la
admisión de pruebas obtenidas en un registro ilícito -Cuarta Enmienda- por atentar ese acto en sí mismo contra los derechos constitucionales del acusado.

 

De forma paralela a la exclusionary rule fue conformándose como extensión de ésta, la denominada doctrina norteamericana de los frutos del árbol envenenado, que surge por primera vez en el caso Silversthorne Lumber Co. v United States (1920), pero no se acuña esta expresión hasta la sentencia Nardone v. United States (1939); el segundo supuesto trata de intervenciones telefónicas ilegales. Se negó el uso derivado o efecto reflejo de las informaciones halladas mediante esa intervención ilegal, pero se aventuró que todo hubiera sido distinto si se hubiera podido justificar que esos datos obtenidos derivaban de una fuente independiente.

 

Dada su estructura federal, otro problema específico de los Estados Unidos, fue el abordado en el caso de Rochin v. California (342 U.S. 165 (1952), U.S. Supreme. Tres años antes en el caso de Wolf v. Colorado338 U.S. 25 (1949), la Corte Suprema había permitido que se usara en un juicio estatal pruebas obtenidas ilícitamente por agentes federales, las cuales no podían ser presentadas por las autoridades federales en un juicio federal. A partir del precedente Rochin v. California-1952- fue de aplicación generalizada la exclusionary rule –prohibición- a todos los Estados, tomando como base la decimocuarta Enmienda sobre el «due process clause» y fue confirmada esta nueva regla en el caso Mapp vs Ohio (1961), por tratarse de un derecho fundamental en la Constitución americana.

 

En los años sesenta predominan los criterios conservadores y económicos durante la era Nixon, capaz de anteponer sus proyectos a cualquier consideración ética. Es el momento en el que comienzan a surgir numerosas excepciones que van a flexibilizar la rigidez con que inicialmente había sido formulada la regla de la exclusión. Es la época del balancing test, donde se pondera tanto el interés del ciudadano en el respeto de sus derechos fundamentales, como el de la sociedad en un intento de acabar con un extenso elenco de delitos graves, lo que conlleva no poder admitir estrictamente la regla de la exclusión.

 

Se produce el quebranto y deterioro de la regla de la exclusión en el caso United States v. León de 1984, cuyo primer exponente es ésta sentencia.

 

              Su aplicación únicamente debía producirse en aquellos casos en que los   beneficios derivados de ello, fuesen claramente superiores a sus costes sociales. Fue el momento en el que se enunció la good-faith exception de los agentes policiales como límite a la regla de exclusión........

 

 

ORIGEN Y REGRESIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA PRUEBA ILÍCITA PENAL EN ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS. NOTAS COMPARADAS.



Segunda parte.

 

La primera parte del artículo la finalizábamos indicando que en los años sesenta en EEUU la regla de exclusión había dado un giro sustancial, continuando con el transcurso de los años su devenir retrógrado desde la perspectiva de los derechos fundamentales (en aquel país las Enmiendas de su Constitución, sobre todo la IV y V) . En esta línea exponíamos, que en los años ochenta surgió en la jurisprudencia norteamericana una excepción a la regla de exclusión denominada good-faith exception de los agentes policiales. El caso United States v. León de 1984 significa el primer exponente de esta nueva limitación de la regla de exclusión, que se irá viendo abocada a una paulatina atenuación de garantías de su doctrinal inicial.



El Tribunal afirmó en dicho asunto que sí hay una excepción. Los jueces sustentaron que la evidencia-prueba o fuente de prueba - encontrada a raíz de una orden de registro emitida por error se podría introducir en el juicio. La regla de exclusión, según la mayoría, no es un derecho, sino un remedio justificado por su capacidad para disuadir la conducta ilegal de la policía. En el caso León de 1984, los costos de la regla de exclusión sobrepasaban los beneficios. Conforme al parecer del Tribunal “la regla de exclusión es muy costosa para la sociedad: los acusados ​​culpables quedan impunes y la gente pierde el respeto de la ley”, añadiendo los Magistrados que los beneficios de la regla de exclusión no son seguros. La norma no puede disuadir a la policía en un caso como León, donde actúan de buena fe en una orden emitida por un juez.



En el asunto Massachusetts v Sheppard (1984), la negligencia policial y judicial llevaron a que se utilizara un formulario ya usado para habilitar la entrada y registro, cuyo objeto de búsqueda era distinto. Esta «irregularidad procesal» llevó a que, con posterioridad, se reputara ilícita la entrada pero que la buena fe de la policía llevara a dar como buenas las pruebas obtenidas en ese registro.



En el caso Hudson v. Michigan (2006) Booker T. Hudson fue condenado en el Tribunal estatal por posesión de drogas y de armas de fuego después de que la policía le encontrase cocaína y una pistola en su casa. Aunque tenía una orden de registro la policía no cumplió la regla -knock and announce rule- derivada de la cuarta enmienda. Esta regla exige a los policías que deben esperar 20-30 segundos después de llamar a la puerta y dar a conocer su presencia antes de que entren en el hogar. El juez de primera instancia penal decidió que las pruebas halladas en la casa no podrían ser utilizadas. El Tribunal de Apelaciones de Michigan lo revocó, fundamentando su decisión en dos casos del Tribunal Supremo del Estado de Michigan: habían apreciado una excepción a la supresión de las pruebas que en otro caso y cuestión  habrían sido conseguidas inevitablemente.

 

El caso Virginia v. Moore (2008). Se inició el 20 de febrero de 2003, cuando dos detectives en Portsmouth, Virginia, recibieron un aviso de radio alertándoles que un particular conducía un coche con el permiso de conducir suspendido. Los agentes detuvieron David Lee Moore, creyendo que estaba quebrantando la ley estatal de conducir con un permiso suspendido. En este Estado es un delito menor y se procedió al arresto de Moore, si bien en un registro posterior mientras estaba en custodia, encontraron 16 gramos de cocaína y 516 dólares en efectivo en el bolsillo del pantalón.  Fue acusado de posesión de cocaína con intención de traficar. Moore trató ante un Tribunal de Primera Instancia de que no fuesen admitidas las pruebas sobre drogas, alegando que el registro había violado sus derechos de la Cuarta Enmienda.  

         Su petición de supresión de pruebas fue denegada. Posteriormente en un juicio sin jurado Moore fue declarado culpable de tráfico de cocaína y lo condenó a una pena de prisión de 5 años. La Corte Suprema del Estado entendió que la policía lo detuvo irregularmente, en lugar de hacerle entrega de una citación y dejarlo en libertad, por lo que la detención no era válida bajo la ley estatal, el registro que siguió a la detención fue inválido, y las pruebas obtenidas en el registro o cacheo tuvieron que ser suprimidas.

            El Estado de Virginia mediante recurso de certiorari (El Certiorari es un medio de impugnación que puede interponerse contra las resoluciones estatales y se revisan ante el Tribunal de Apelaciones- existen varios circuitos en EEUU y tienen ámbito federal-. Las Sentencias finales del Tribunal de Apelaciones se recurren al Tribunal Supremo, utilizando también un recurso de Certiorari) recurrió ante el Tribunal Supremo Federal de los EEUU. Éste efectuó un análisis sobre la Cuarta Enmienda, razonó y declaró que si un agente de policía viola la Cuarta Enmienda al hacer una detención basada en una causa probable, convencido de  que una persona ha cometido un delito en su presencia, pero prohibida por la ley estatal, la expresada Enmienda les permite realizar un arresto, y el registro del vehículo, así como el cacheo del sospechoso con el fin de preservar las pruebas y garantizar su propia seguridad, al tratarse de una cuestión de derecho constitucional federal. El Tribunal formuló que se reafirmaban contra un nuevo desafío sobre lo que había señalado hacía más de medio siglo, La sentencia de la Corte Suprema de Virginia se revoca por el Tribunal Supremo Federal.

 

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