JM.ALCAIDE-Abogado. Doctor en Derecho. Sabadell(Barcelona) Penal y Familia.
            JM.ALCAIDE-Abogado. Doctor en Derecho.                                                                   Sabadell(Barcelona)                                              Penal  y Familia.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA DE 11/11/2014.NUEVA DOCTRINA SOBRE ADN
REVOCACIÓN DE LA ABSOLUCIÓN DE DOS PRESUNTOS ASESINOS: EL TRIBUNAL SUPREMO APLICA POR PRIMERA VEZ SU PROPIA DOCTRINA SOBRE EL ADN A DETENIDOS.
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Para mantenerse informado.

 

En esta sección le informaremos periódicamente Sobre Aspectos Jurídicos Relevantes, preferentemente en materia de   Derecho de familia, derecho penal PROCESAL Y DE ESPAÑA .

Tanto en esta sección como en otra especifica de la web-DERECHO COMPARADO-EEUU-ESPAÑA, ocasional y oportunamente iremos exponiendo artículos y Precedentes de Ámbito penal del Tribunal Supremo Federal de EEUU ., relacionados con La  regla de exclusión del derecho norteamericano ( En España Prueba ilícita penal )  de interés doctrinal e investigador  del autor de la web.   

 

Jurisprudencia de interés

Filiación: Se inadmite y se desestima la reclamación de maternidad instada por la compañera sentimental de la madre respecto de una menor nacida por técnicas de reproducción asistida durante el periodo de convivencia.

 

STS, Civil sección 1 del 18 de Enero del 2012 ( ROJ: STS 567/2012) Recurso: 622/2010 | Ponente: ENCARNACION ROCA TRIAS

Filiación extramatrimonial. El acceso a la casación no puede realizarse por el ordinal 1º del art. 477.2 cuando el objeto del proceso no ha versado sobre la tutela judicial de derechos fundamentales. Falta de acreditación del interés casacional.

PRIMERO. Hechos probados.

1º Dª Visitacion y Dª Esmeralda mantuvieron una relación afectiva hasta 2006. No contrajeron matrimonio.

2º La demandada Dª Esmeralda , dio a luz una niña el 14 septiembre 2003, Tatiana .

3º A pesar de haber iniciado un expediente matrimonial, no llegó a contraerse el matrimonio produciéndose la separación definitiva en diciembre 2006.

4º Dª Visitacion demandó a Dª Esmeralda “en solicitud de determinación judicial de maternidad y de adopción de medidas materno-filiales y económicas” con respecto a la niña Tatiana . Pidió en la demanda: a) el reconocimiento judicial de la filiación no matrimonial; b) que el juzgado acordara una serie de medidas en relación a la patria potestad, la guarda y custodia y el derecho de visitas y los gastos por alimentos.

Dª Esmeralda se opuso a la demanda entendiendo que la actora no estaba legitimada para ejercer una acción de filiación, de acuerdo con lo dispuesto en el Código civil, al no ser madre biológica de la menor, ni haberse iniciado el procedimiento de adopción. El Ministerio Fiscal se adhirió a esta alegación y presentó la excepción de falta de legitimación activa de la demandante.

5º La sentencia del Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 2 de Massamagrell, de 12 diciembre 2008 , desestimó la demanda. Argumentó: a) no hay que determinar si ha existido o no discriminación, atendida la orientación sexual de las litigantes, porque lo que debía determinarse era la legitimación de la demandante para el ejercicio de una acción de filiación respecto de la niña concebida mediante técnicas de reproducción asistida; b) de acuerdo con lo dispuesto en el art. 108 CC , la demandante no se encuentra en ninguno de los supuestos de determinación de la filiación, “porque biológicamente es imposible su determinación por naturaleza y porque no se ha llevado a cabo ningún expediente de adopción respecto de la menor. A la vista de dicho artículo, no existe otro modo distinto de determinación de la filiación” ; c) la aplicación del art. 7.1 y 3 LTRA exige que ambas integrantes de la pareja estén casadas entre sí y demandante y demandada nunca contrajeron matrimonio, de modo que “[...] al no estar presente el primero de los requisitos, esto es el matrimonio de la pareja, es imposible la aplicación de las consecuencias previstas, por ello, no nos encontramos en el supuesto de hecho previsto en la ley para la determinación de la filiación de un hijo nacido mediante técnicas de reproducción asistida, entre parejas del mismo sexo, pues exige con carácter previo el matrimonio de las mismas, sin que sea posible su aplicación analógica a parejas o uniones estables, puesto que la ley es clara al hablar de mujer casada, y sin que ello suponga discriminación alguna o desigualdad de trato” .

6º Dª Visitacion apeló la sentencia. La SAP de la sección 10ª de Valencia, de 27 enero 2010 declaró no haber lugar al recurso. Respecto a la prohibición de discriminación por razón de sexo alegada por la recurrente y después de recoger la jurisprudencia constitucional, dice, a) que “[...]no se entiende fácilmente la alegación sostenida en el recurso acerca de esa pretendida discriminación, cuando la recurrente sabe bien que no se trata de una cuestión de discriminación, sino de legalidad; cuestión esta muy distinta y que la juzgadora de instancia resuelve conforme a la legalidad[...]“; b) la falta de legitimación de la recurrente proviene del hecho de que cuando era pareja con la hoy demandada y nació la niña no había posibilidad legal de que las personas del mismo sexo contrajeran matrimonio, ni adoptar los hijos del progenitor del mismo sexo; esa es la única causa por la que la actora, hoy recurrente, no pudo figurar como progenitora en su día ni en la actualidad, y ello no supuso, ni supone discriminación alguna y sí solo aplicación de la legislación vigente en nuestro ordenamiento”.

7º La demandante presenta recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación al amparo de lo dispuesto en el art. 477.2,1º LEC , que fueron admitidos a trámite por auto de esta Sala de 22 febrero 2011 . El Ministerio Fiscal se opone a la admisión del recurso. Figura la oposición de la parte recurrida.

SEGUNDO. Antes de entrar en el estudio de los recursos presentados por Dª Visitacion , debe examinarse la objeción a su admisión formulada por el Ministerio Fiscal. Según su oposición, la recurrente había ejercitado una acción de filiación, mientras que el recurso se fundamenta en el nº 1º del art. 477.2 LEC , es decir, que lo articula como si el proceso se hubiera seguido en reclamación de la tutela judicial de un derecho fundamental distinto de los reconocidos en el art. 24 CE .

La objeción del Ministerio Fiscal debe estimarse.

El art. 477.2, 1º LEC establece que serán recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales “1º cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el art. 24 de la Constitución “, cuya vulneración debe ser denunciada a través del recurso extraordinario por infracción procesal, según establece el art. 469, 1.4º LEC .

El art. 249.1 , 2ª LEC establece que se decidirán en juicio ordinario, “las [demandas] que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, [...]“. En la demanda que ha dado lugar a los presentes recursos se ejercitó una acción de reconocimiento de filiación, con base en el art. 7 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, de Técnicas de reproducción asistida, modificado por la ley 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. En esta demanda se alegó que la demandante ahora recurrente no había podido contraer matrimonio cuando nació la niña, en 2003, y ahora se permite la filiación conjunta sin necesidad de adopción, por lo que “permitir esta posibilidad a los hijos de filiación matrimonial y no permitirla para los hijos de relaciones de hecho, no matrimoniales, supondría una discriminación proscrita en nuestro ordenamiento jurídico”. Es cierto que se utilizaron en la argumentación referencias al derecho a no ser discriminado; pero la demanda no se fundó en la lesión de ningún derecho fundamental de la demandante, sino que ejercitó expresamente una acción de reconocimiento de la filiación, que no fue estimada en la sentencia que se recurre. Este es el criterio sostenido en el auto de la Sala de 6 octubre 2009 donde, citando otros autos, se dice que esta Sala tiene el criterio reiterado “[...] que es el objeto del proceso el que determina este cauce específico de acceso al recurso de casación, por lo que es únicamente aplicable a los juicios relativos a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales a que se refiere el art. 53.2 de la Constitución y que hayan sido vulnerados en la realidad extraprocesal (por ello se excluye el art. 24 de CE ), de ahí que la previsión normativa contemple en este caso la recurribilidad en casación de las sentencias recaídas en procesos referidos a la tutela civil del honor, intimidad, imagen u otro derecho fundamental, mas no en aquellos atinentes a derechos reales, contratos o cualesquiera otra cuestión civil o mercantil, en los que no cabe utilizar el referido ordinal 1º del art. 477.2 por el simple medio de citar como infringido un precepto constitucional, aunque tenga relación con la materia debatida en el pleito (criterio sostenido en los AATS de 1/6/2004, recurso 367/2004 ; de 6/7/2004, recursos 563/2004 , 393/2004 ; de 27/7/2004, recursos 697/2004 , 513/2004 , 439/2004 , 701/2004 ; y de 13/10/2004, recurso 727/2004 )” (asimismo, ATC 2/1991, de 14 enero ).

Aunque no sea de aplicación, porque el recurso se formuló al amparo de la LEC/2000, resulta conveniente hacer alusión al Acuerdo de esta Sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y recursos extraordinarios por infracción procesal, formulado en relación a la ley 37/2011, de 10 octubre, sobre Medidas de Agilización Procesal, que incluye como causas de inadmisión del recurso de casación “no haberse tramitado para la tutela civil de los derechos fundamentales el proceso en que se dictó la sentencia recurrida ( art. 477.2,1º LEC )”. La causa estaba ya en vigor cuando se formuló el recurso de casación de Dª Visitacion , que no debería haber sido admitido, a pesar de la novedad e interés del problema que se plantea en el mismo y que hubiera sido perfectamente posible plantearlo alegando el interés casacional, por fundarse en una norma, el art. 7 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, de Técnicas de reproducción asistida, modificado por la ley 3/2007 de 15 de marzo, que no llevaba más de cinco años en vigor ( art. 477.3 LEC/2000 ) en el momento de presentarse el recurso.

Esta argumentación implica también la inadmisibilidad del recurso extraordinario por infracción procesal, conforme a la DF 16, 5ª, párrafo segundo LEC cuyos fundamentos, además de no estar fundados en ningún artículo de la Ley procesal, plantean los mismos problemas a que se refiere el anterior razonamiento.

En definitiva, la vía adecuada para que este litigio hubiera podido acceder a la casación no era en virtud del Art. 477.2.2 LEC , sino la del ordinal tercero, en relación con el apartado 3 del mismo Art. 477, por eso, no siendo admisible el recurso de casación, tampoco lo es el extraordinario por infracción procesal y la causa de inadmisión apreciada en este acto, se convierte en razón para desestimar los recursos.

TERCERO. Procede no admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación presentados, por la representación procesal de Dª Visitacion formulados contra la SAP de la sección 10ª de Valencia, de 27 enero 2010 .

 Fuente: 31 julio, 2013 por cristobalpinto

 http://jurisprudenciaderechofamilia.wordpress.com/2013/07/31/filiacion-se-inadmite-y-se-desestima-la-reclamacion-de-maternidad-instada-por-la-companera-sentimental-de-la-madre-respecto-de-una-menor-nacida-por-tecnicas-de-reproduccion-asistida-durante-el-period/

 Texto de la sentencia.

El Tribunal Constitucional declara “ilegítimo” el uso de la cámara oculta.

 

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL-ESPAÑA-

 

JURISPRUDENCIA 


Inconstitucionalidad del requisito de la convivencia en la desgravación por hijos

TC, Sala Pleno, 15-2-2012.


Incremento de los alimentos por la Audiencia: exigibles desde el mes siguiente

AP Santa Cruz de Tenerife, Sec. 1.ª, 24-10-2011  


VIOLENCIA DOMÉSTICA - JULIO 2012


  • La agravante de parentesco es aplicable a las parejas homosexuales TS, Sala Segunda, de lo Penal, 6-3-2012.

    Los antecedentes fácticos del caso examinado por esta sentencia se refieren a dos hombres que mantenían una relación afectiva. Un día concreto mantuvieron una discusión en el domicilio común, por lo que uno de ellos lo abandonó, siendo seguido por el otro, que, en las escaleras del inmueble, le alcanzó por la espalda y le degolló con un cuchillo de cocina, causándole la muerte. El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dictó sentencia condenando al autor como reo de un delito de homicidio, con la concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco. Apelada la sentencia, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ Illes Balears la revocó parcialmente al rechazar la concurrencia de la citada agravante.

    El Tribunal Supremo, en la sentencia que se indica, estima el recurso de casación al declarar que sí ha de aplicarse la repetida circunstancia agravante, pues el art. 23 CP exige que se trate de una relación afectiva estable, en la que se acredite la nota de la perdurabilidad, el compromiso y el proyecto de vida en común, extremos que concurren en el caso. 

 

 

 

                                                 ACTUALIDAD                                                     

 

 

LAS TASAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA

 

 

Como todos sabemos la ley de Tasas ha entrado en vigor, y a partir del 17 de diciembre la presentación de demandas e interposición de recursos motivará que haya que pagarse una tasa cuya cuantía viene determinada en función de un fijo y un variable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, solo tres horas después de su entrada en vigor, la asociación de abogados ´Ius et Fides´ presentó el primer recurso de amparo de inconstitucionalidad directo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra dicha Ley.

 

            La parca regulación de las tasas en los procedimientos de familia va a generar importantes dudas respecto a qué tipo de procedimientos afecta. En su artículo 4 se regulan las exenciones al pago, y por lo que se refiere a esta clase de litigios quedan exentas: “a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores”. Además, y ya con carácter general, tampoco tendrán que pagar tasa aquellas personas que tengan reconocido el beneficio de justicia gratuita.

 

            Como podemos intuir, las dudas son importantes. ¿Debe pagar tasa un divorcio en el que solo se solicitan medidas en relación con los hijos?. Si se presenta una demanda de divorcio de mutuo acuerdo en la que el convenio regulador incluye la liquidación de la sociedad de gananciales ¿Se paga tasa por la liquidación? ¿Hay que pagar tasa cuando se reclaman alimentos para un hijo mayor de edad pero dependiente económicamente de los padres? ¿Lleva tasa la liquidación de la sociedad de gananciales?

 

            Hasta ahora, la Dirección General de Tributos, en una consulta vinculante de fecha 3 de diciembre de 2012 solo ha aclarado que no hay que abonar tasa por la interposición de recursos contra autos. Es importante reseñar que en esta consulta se reconoce por la administración tributaria que no cabe aplicar la analogía en materia tributaria.

 

Los Srs. Magistrados y Secretarios judiciales de los juzgados de familia de Málaga en relación al devengo de las tasas en los procesos de familia conforme a la ley 10/2012, han hecho pública la siguiente nota informativa:

 

Ante las numerosas dudas que suscita la aplicación en los procesos de Familia de la Ley 10/2012 sobre Tasas Judiciales (artículo 4.1.a) y hasta que se respondan las consultas elevadas a la superioridad o existan pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se ha acordado seguir orientativamente en los tres Juzgados de Familia de Málaga los siguientes criterios:

 

1º.- No se devengará tasa en los procesos que se tramiten por el artículo 777 de la LEC. Si los iniciados por vía contenciosa hubiesen devengado tasa se aplicará lo dispuesto en el artículo 8.5 (devolución del 60%).

2º.- En los procesos que se tramiten por vía contenciosa (art. 770 de la LEC) no se devengará tasa cuando existan hijos comunes menores de edad. Tampoco en las modificaciónes de medidas (art. 775 de la LEC), ejecución de sentencia y medidas previas de tales procesos

3º.- No se exigirá el devengo de la tasa en los procesos de guarda y custodia y alimentos de hijos menores de edad (artículo 748-4 de la LEC), modificación de medidas, ejecución y en las medidas cautelares de estos procesos tramitados por vía contenciosa (art. 770 y 775 de la LEC).

4º.- No se exigirá el devengo de tasas en las medidas cautelares del artículo 158, régimen de visitas de abuelos (artículo 160) o procesos del artículo 156 (discrepancias en el ejercicio de la patria potestad) todos ellos del Código Civil.

5º.- Se exigirá la tasa correspondiente en los supuestos del apartado 2º cuando no existan hijos comunes menores de edad o la modificación de medidas o ejecución se refieran a medidas que no afectan a los menores. Igualmente  se devengará tasa en los procesos verbales de alimentos entre parientes (art. 142 del Código civil).

6º.- Respecto a los procesos liquidatorios de los artículo 806 y siguientes de la LEC, incluidos los posteriores de adición, se devengará la tasa si tras la comparecencia ante el Sr. Secretario no existiese acuerdo y se convocase al juicio verbal previsto en el art. 809 de la LEC.

7º.- En los demás procesos a los que se refiere lea Ley 10/2012 y que son competencia de los Juzgados de Familia se estará a lo establecido en dicha norma.

 

Fuente: http://www.lexfamily.es/revista.php?codigo=1070. Diciembre de 2012.

Derecho de Familia

 

El 10 de Julio de 2005 entró en vigor la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.

En materia de separación y divorcio esta ley incluye importantes modificaciones:

  • Basta con que uno de los esposos no desee la continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el demandado pueda oponerse a la petición por motivos materiales, y sin que el Juez pueda rechazar la petición, salvo por motivos procesales. Así, desaparecen los listados de causas de separación y de divorcio y se reduce el plazo mínimo de petición a tres meses desde la celebración del matrimonio. Esto significa que, transcurridos 3 meses desde la celebración del matrimonio, cualquiera de los cónyuges puede solicitar la separación y/o el divorcio sin necesidad de alegar causa que lo justifique.
  • Se admite la disolución del matrimonio por divorcio sin necesidad de la previa separación de hecho o judicial. No obstante, se mantiene la separación judicial, para aquellos casos en los que los cónyuges, decidan no optar por la disolución de su matrimonio.
  • Se refuerza la libertad de decisión de los padres respecto del ejercicio de la patria potestad. En este sentido, se prevé expresamente que puedan acordar en el convenio regulador que el ejercicio se atribuya exclusivamente a uno de ellos, o bien a ambos de forma compartida. También el Juez, en los procesos incoados a instancia de uno solo de los cónyuges, y en atención a lo solicitado por las partes, puede adoptar una decisión en este sentido.
  • Respecto a la guardia y custodia, los padres deberán decidir si se ejercerá sólo por uno de ellos o bien por ambos de forma compartida. Para no perjudicar a los hijos, cualquier medida que imponga trabas o dificultades a la relación de un progenitor con sus descendientes debe encontrarse amparada en serios motivos, tratándose de superar así las consecuencias indeseables para los hijos de los casos de separación-sanción que se daban con la anterior regulación. Se desarrolla ampliamente la posibilidad de la guardia y custodia compartida.
  • Se establece la mediación como un recurso voluntario alternativo de solución de los litigios familiares por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un mediador, imparcial y neutral. Las partes pueden pedir en cualquier momento al Juez la suspensión de las actuaciones judiciales para acudir a la mediación familiar y tratar de alcanzar una solución consensuada en los temas objeto de litigio. Se anuncia un proyecto de ley sobre mediación.
  • La intervención judicial debe reservarse para cuando haya sido imposible el pacto, o el contenido de las propuestas sea lesivo para los intereses de los hijos menores o incapacitados, o uno de los cónyuges, y las partes no hayan atendido a sus requerimientos de modificación. Sólo en estos casos deberá dictar una resolución en la que imponga las medidas que sean precisas.
  • Se desarrollan las obligaciones de los cónyuges, incluyendo las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de personas dependientes.
  • Para reconocerse la reconciliación será preciso que ambos cónyuges, por separado, se lo comuniquen al juez.
  • Se potencia el contenido del convenio regulador.
  • La compensación al cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico, alternativamente a de una pensión, podrá consistir en una prestación única.
  • Tras la nueva regulación, el cónyuge separado de hecho sólo tendrá derechos sucesorios si está incluido en el testamento.

DERECHO FAMILIA-CATALUÑA

http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/2010-catalu%C3%B1a-libroII-familia.htm

 

REVISTA DIGITAL DERECHO FAMILIA

http://www.lexfamily.es/revista.php

 

PENSIÓN ALIMENTICIA

No se puede poner un plazo a la pensión alimenticia.



 

El Juzgado de 1ª Instancia de Sevilla dictó sentencia declarando disuelto el matrimonio por causa de divorcio y en la misma establecía una pensión alimenticia para su hija de 150 € durante un año a contar desde que alcanzara la mayoría de edad.

Se interpone recurso de apelación por la ex esposa y la AP de Sevilla en su sentencia de 29de septiembre de 2011 revoca la sentencia de 1ª Instancia dejando sin efecto la limitación temporal de la pensión.

La Sala entiende que la obligación del progenitor de prestar alimentos a sus hijos se entiende que debe mantenerse no hasta que alcance al mayoría de edad sino hasta que sea independiente económicamente, siempre y cuando el hijo actúa de forma diligente para encontrar trabajo o continuar su formación.

En el caso presente no existe una conducta pasiva o desidia por parte de la hija para
encontrar trabajo estando inscrita como demandante de empleo; si esta situación se alarga y se constata un cambio en el comportamiento de la hija, sería el momento de extinguir la pensión, mientras tanto no resulta confirma a la naturaleza de la pensión fijar un plazo para la pensión alimenticia sin conocer la situación en la que se encuentra la hija.

 


 

 

Derecho Penal

 

 

(2011)TS Penal: Eleva la pena de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona a unos padres por delito de maltrato habitual y delito de lesiones a su hijo menor de edad.

 

http://www.poderjudicial.es/stfls/PODERJUDICIAL/JURISPRUDENCIA/FICHERO/2011.11.29%20TSPenal%20REC%20644.2011.pdf

 

 

EL DELITO

 

     Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley (art. 10 CP). Todo delito exige que la acción u omisión sean antijurídicas, en el sentido de que no concurra una causa de justificación (STS 7 junio 1988 ), y que aquéllas sean definidas como delito por una Ley anterior a su realización (art. 1.1 CP y STS 3 junio 1992). La norma general de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras (art. 25 CE y art. 2.1 CP) se halla excepcionada por el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, que se aplica incluso aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo (art. 2.2 CP, SSTC 30 marzo 1981), 7 mayo 1981 (RTC 1981, 16) y 29 octubre 1986 (RTC 1986, 131) y SSTS 12 septiembre 1994 (RJ 1994, 7385), 30 junio 1997 , 11 marzo 2000 , 17 septiembre 2002  y 24 febrero 2004 , aunque la determinación de la pena ha de hacerse taxativamente por lo que debe prescindirse de elementos de individualización vinculados al ejercicio del arbitrio judicial (SSTS 26 junio 2001, 17 septiembre 2002 , 27 septiembre 2002  y 30 octubre 2002), sin que proceda en los casos de cambios jurisprudenciales (STS 10 enero 2002 ).

     Respecto al nuevo régimen transitorio, ha de tenerse en cuenta el contenido de las disposiciones transitorias 1ª a 5ª de la LO 15/2003, de 25 de noviembre , por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal:

Disposición transitoria primera: 1. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor de esta ley se juzgarán conforme a la legislación penal vigente en el momento de su comisión. No obstante lo anterior, se aplicará esta Ley, una vez que entre en vigor, si las disposiciones de la misma son más favorables para el reo, aunque los hechos hubieran sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor. 2. Para la determinación de cuál sea la ley más favorable se tendrá en cuenta la pena que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas del Código actual y de la reforma contenida en esta ley. 3. En todo caso, será oído el reo.

 

     Disposición transitoria segunda: El Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de las competencias que le atribuye el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, podrá asignar a uno o varios de los Juzgados de lo Penal o secciones de las Audiencias Provinciales dedicados en régimen de exclusividad a la ejecución de sentencias penales la revisión de las sentencias firmes dictadas antes de la vigencia de esta ley. Dichos jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes y en las que el penado esté cumpliendo efectivamente la pena, aplicando la disposición más favorable considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. En las penas privativas de libertad no se considerará más favorable esta ley cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo a esta reforma del Código. Se exceptúa el supuesto en que esta ley contenga para el mismo hecho la previsión alternativa de una pena no privativa de libertad; en tal caso, deberá revisarse la sentencia. No se revisarán las sentencias en que el cumplimiento de la pena esté suspendido, sin perjuicio de hacerlo en caso de que se revoque la suspensión y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida. Igual regla se aplicará si el penado se encuentra en período de libertad condicional. Tampoco se revisarán las sentencias en que, con arreglo a la redacción anterior de los artículos del Código y a la presente reforma, corresponda, exclusivamente, pena de multa.

 

     Disposición transitoria tercera: No serán revisadas las sentencias en que la pena esté ejecutada o suspendida, aunque se encuentren pendientes de ejecutar otros pronunciamientos del fallo, así como las ya totalmente ejecutadas, sin perjuicio de que el juez o tribunal que en el futuro pudiera tenerlas en cuenta a efectos de reincidencia deba examinar previamente si el hecho en ellas penado ha dejado de ser delito o pudiera corresponderle una pena menor de la impuesta en su día, conforme a esta ley. En los supuestos de indulto parcial, no se revisarán las sentencias cuando la pena resultante que se halle cumpliendo el condenado se encuentre comprendida en un marco imponible inferior respecto a esta ley.

     Disposición transitoria cuarta: En los casos en que la pena que pudiera corresponder por la aplicación de esta ley fuera la de localización permanente, se considerará, para valorar su gravedad comparativa, que cada día de localización permanente equivale a un día de prisión.

 

Disposición transitoria quinta: En las sentencias dictadas conforme a la legislación que se deroga y que no sean firmes por estar pendientes de recurso, se observarán, una vez transcurrido el período de vacatio, las siguientes reglas: a) Si se trata de un recurso de apelación, las partes podrán invocar y el juez o tribunal aplicará de oficio los preceptos de la nueva ley, cuando resulten más favorables al reo. b) Si se trata de un recurso de casación, aún no formalizado, el recurrente podrá señalar las infracciones legales basándose en los preceptos de la nueva ley. c) Si, interpuesto recurso de casación, estuviera sustanciándose, se pasará de nuevo al recurrente, de oficio o a instancia de parte, por el término de ocho días, para que adapte, si lo estima procedente, los motivos de casación alegados a los preceptos de la nueva ley, y del recurso así modificado se instruirán las partes interesadas, el fiscal y el magistrado ponente, continuando la tramitación conforme a derecho.

     Clasificación legal

 

     Por la conducta del agente.

     Delitos de acción: aquéllos en los que el resultado lesivo es imputable a una persona por su comportamiento comisivo activo .

 

     Delitos de omisión: aquéllos en los que la conducta delictiva consiste en no hacer algo existiendo una obligación de hacer. 

     Delitos de comisión por omisión: aquéllos en los que se imputa a una persona un resultado lesivo prohibido por su comportamiento comisivo omisivo, es decir, por no haberlo impedido, siempre y cuando el deber de impedir tal resultado derive bien de una específica obligación legal o contractual de actuar, bien de una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido, creada por el omitente.

Por la sanción :

     Delitos graves: las infracciones que la Ley castiga con penas graves, siendo éstas, de acuerdo con la LO 15/2003, de 26 de noviembre.

a) La prisión superior a cinco años.

b) La inhabilitación absoluta.

c) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.

d) La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.

e) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años.

f) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años.

g) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años.

h) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, por tiempo superior a cinco años.

i) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, por tiempo superior a cinco años.

(arts. 13-1 y 33-2 CP).

 

     Delitos menos graves: las infracciones que la Ley castiga con penas menos graves, siendo éstas:

 

a) 1) La prisión superior a tres cinco años.

b) 2) La inhabilitación absoluta.

c) 3) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a tres cinco años.

d) 4) La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a tres cinco años.

e) 5) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a seis ocho años.

f) 6) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a seis ocho años.

7) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos o la prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, o de comunicarse con ellos, por tiempo superior a tres años

g) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años.

h) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, por tiempo superior a cinco años.

i) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, por tiempo superior a cinco años.

     (arts. 13-1 y 33-2 CP).

     Delitos menos graves: las infracciones que la Ley castiga con penas menos graves, siendo éstas:

a) La prisión de tres meses a cinco años.

b) Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.

c) La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.

d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, de un año y un día a ocho años.

e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas, de un año y un día a ocho años.

f) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años.

g) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

h) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

i) La multa de más de dos meses.

j) La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía.

k) El arresto de siete a veinticuatro fines de semana.

i) Los trabajos en beneficio de la comunidad, de treinta y uno a ciento ochenta días (arts. 13-2 y 33-3 CP).

Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las graves y las menos graves, el delito se considerará, en todo caso, como grave.

     Faltas: las infracciones que la Ley castiga con penas leves, siendo éstas:

a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, de tres meses a un año.

b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas, de tres meses a un año.

c) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses.

d) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.

e) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.

f) La multa de diez días a dos meses.

g) La localización permanente.

h) Los trabajos en beneficio de la comunidad uno a treinta días (arts. 13-3 y 33-4 CP).

 

 

    




 

  

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